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Lavado de dinero en tiempos de pandemia: ¿Cuenta con un adecuado sistema de prevención?

Lavado de dinero

Definiendo el lavado de dinero

El lavado de dinero, también conocido como blanqueo de dinero o legitimación de capitales, es definido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT-, como el “proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales[1], y cuyo fin último por parte de los delincuentes, constituye la utilización de dichos fondos para sus intereses personales.

Esfuerzos contra el lavado de dinero existentes

Cabe indicar que, en 1989 se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, con el objetivo de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

En una primera fase, se pensaba que el origen de dichos fondos era únicamente el narcotráfico; sin embargo, más de 30 años después, el listado de delitos precedentes se ha venido ampliando cada vez más hasta su incorporación en los estándares internacionales. Entre los delitos referidos se encuentran los relacionados con corrupción y evasión tributaria en general, lo que ha elevado la importancia de esta figura delictiva en los ámbitos social, económico y mediático.

En virtud de lo anterior, nadie quiere verse involucrado con el lavado de dinero, ya que independiente de las sanciones penales que de él pudieran derivarse, también se podría enfrentar la denominada “muerte civil”, puesto que difícilmente alguna entidad del ámbito financiero y aun comercial desearía tener relaciones con personas vinculadas con el tipo penal mencionado.

Lavado de dinero en tiempos de pandemia

La pandemia que hemos enfrentado por ya más de un año ha traído aparejados muchos retos relacionados con supervivencia, convivencia y especialmente con nuevas formas de ejercer el comercio debido al acelerado y poco regulado incremento del uso de las redes sociales y de los medios electrónicos. En consecuencia, es seguro decir que las organizaciones criminales también han encontrado nuevas formas de realizar sus actividades, para lo cual debemos estar preparados a fin de evitar ser víctimas. Como muestra de ello, podemos ver como en Guatemala, por ejemplo, durante el año 2020, los índices delictivos generales sufrieron una disminución, mientras que delitos como la estafa experimentaron un incremento significativo.

Algunos de los principales organismos o entidades vinculados con la prevención de lavado de dinero, tales como la Word Compliance Association -WCA-, -GAFILAT-, y el Financial Crimes Enforcement Network -FINCEN- del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, alertaron sobre el posible uso de nuevas formas de delinquir durante la pandemia, dentro de las cuales podemos señalar las siguientes:

  • Uso de correos electrónicos de suplantación de identidad. Los cuales, por lo general, se anuncian como empresas de personal, validaciones de contraseñas y números de tarjetas de crédito;
  • Envío de correos de personas que indican conocernos con archivos adjuntos, los cuales, al momento de abrir, pueden tener la capacitad de instalar contenido malicioso, tales como los programas de secuestro cibernético (“ransomware”), capaces de brindar a las personas acceso a nuestra información confidencial;
  • Llamadas telefónicas, o correos electrónicos, en las cuales se pide verificación del número de cuenta bancaria o solicitudes de información sobre la misma, con el pretexto de que es la validación anual de datos; proporcionando información sensible como el número de Documento Personal de Identificación, número de tarjeta de crédito y códigos de acceso;
  • Empresas que dicen vender productos altamente cotizados en el mercado mundial como mascarillas, equipo médico o pruebas Covid 19, requiriendo pagos anticipados a nombre de entidades en paraísos fiscales. Estafas bajo esta modalidad se han efectuado a personas particulares y a Gobiernos en Centroamérica.

Los casos señalados son de una alta sensibilidad, ya que pueden provocar no solo ser objeto de una estafa o robo, sino que además, pueden ocasionar que en el momento en el que una cuenta bancaria o tarjeta de crédito sea objeto de un secuestro de este tipo, estas puedan ser utilizadas para realizar transferencias o movimientos financieros con fondos de origen ilícito. Para dichas transferencias se utiliza como base la información correspondiente, proporcionada por su propietario (es decir pines, u otra información de acceso) o adquirida por descuido de este.

Frente a lo anterior, sería difícil ejercer una defensa legal, no solo por lo complejo que sería brindar una versión que puedan aceptar las autoridades, sino que en la mayor parte de los casos, las personas se enteran de esto semanas o meses después la realización de las transacciones, cuando estas ya figuran en sus estados de cuentas o bien cuando son objeto de cuestionamientos por parte de autoridades judiciales.

¿Cuenta con un adecuado sistema de prevención?

Por estas razones, es importante ser precavidos ante estas nuevas figuras delictivas y no proporcionar información sensible a menos que se esté completamente seguro que se está brindando a una entidad bancaria o financiera autorizada, o bien, esperar hasta el momento en que se puedan realizar visitas personales a la institución o en formas y medios que proporcionen mayor seguridad.

Cabe indicar, que contar con correctas y adecuadas políticas de conocimientos de clientes, empleados y de proveedores, nos brindará una mayor seguridad y certeza bajo circunstancias como las que actualmente afrontamos y disminuirá el riesgo de vernos envueltos en las situaciones antes descritas.

[1] https://www.gafilat.org/index.php/es/glosario-de-definiciones. Fecha de consulta: 19/04/2021, 15:00 horas, Guatemala, Guatemala.

 

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Autor

  • Gabriel Gómez cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la práctica legal. Se desempeña como asociado en la firma, y sus áreas de especialidad incluyen Cumplimiento, Derecho Bancario y Derecho Corporativo.

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